Volver la mirada sobre las víctimas del conflicto en el Huila

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Desde La Ley  Nacional de Víctimas  promulgada en 2011, según el Centro de Memoria Histórica, por vez primera en la historia colombiana “las víctimas son el centro de todo el esfuerzo estatal”. La misma, además, ordenó que el 9 de Abril sea conmemorado como Día Nacional en su memoria. Luego, con el Acuerdo de paz firmado en La Habana en 2016, se reafirmó por parte del gobierno nacional  y de las Farc  la intención de poner como eje de la paz a las víctimas. “El país debe dejar de ser una fábrica de víctimas”, declaró entonces el presidente Juan Manuel Santos. Seis años después de la puesta en marcha de la Ley de Víctimas y a casi dos años de la firma  del acuerdo de paz, SuRegión analiza  algunos aspectos de la situación y la realidad de algunas de las víctimas en Neiva y el Huila, desde sus expectativas, su realidad y su visión:

Por: Carolina Torres y Luis Carlos Prohaños, periodistas SuRegión

A  finales de marzo de 2018, según el Registro Único de Víctimas (RUV), estos son los números de las víctimas del conflicto armado existentes en el departamento del Huila:

Victimas en el Huila. de Periodico Suregion

Según Edna Johanna Cruz, titular de la Oficina de Víctimas de la Gobernación del Huila, el desplazamiento es el hecho victimizante que más se ha presentado en el departamento. “Más que un expulsor, el Huila es un receptor de población víctima de desplazamiento, por su ubicación geográfica. Vemos que muchos vienen de Caquetá, Tolima y Cauca”. Según cifras oficiales, no hay uno  solo de los 37 municipios del Huila que no tenga víctimas del conflicto armado.

Las estadísticas hablan evidentemente de una reducción importante del número de víctimas como consecuencia del cese de las hostilidades entre las FARC- en su totalidad- y las fuerzas armadas  del Estado. La reducción más evidente es la que se da entre los años 2017 y 2018, que muestra una disminución de 67668 casos. Según el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, en el año 2017 no se presentaron acciones bélicas en el departamento. Sin embargo, persiste un asunto de amenazas y hostigamientos de tipo político que impide que el número se reduzca en su totalidad.

A pesar del paso tan cruento del conflicto en  las zonas rurales en su totalidad, sólo un municipio del departamento- Algeciras- fue priorizado en los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) que hizo el gobierno nacional para establecer lugares a los que la financiación va a llegar con preferencia durante el posconflicto.

Neiva

En la capital del departamento, a finales de mes de marzo de 2018, según el RUV, estos son los índices de víctimas del conficto armado:

Victimas en Neiva de Periodico Suregion

Actualmente existen alrededor de 42 organizaciones de víctimas en la ciudad de Neiva, que trabajan y representan a una porción del total de las víctimas en la elección de sus representantes en la Mesa Municipal.

Según Luis Fernando Pacheco, Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos de la Alcaldía de Neiva, “la ley de Víctimas es un avance importantísimo para  la reconstrucción social y moral del país, marcó el inicio de una tarea muy larga, muy ardua y que en este momento no está en su mejor instante”. “Es importante que la sociedad civil pueda mirar a todas esas personas que han sido afectadas por el conflicto”, señala Pacheco, y explica  la importancia que tienen las víctimas en este momento: “Hemos tratado de dar cumplimiento al principio de progresividad presupuestal. Que al municipio cada año le conceda un poco más  al rubro de víctimas, que tiene que ver con las garantías de participación. Se le ha garantizado un lugar al que ellas puedan ir para recibir asesoría jurídica y psicológica”.  Además, reconoce que hace falta mucho trabajo con ellos y que existe una deuda muy grande por parte del Estado Nacional  con las víctimas

Aristídes Peña, asesor de la Oficina de Paz y Derechos humanos de la Alcaldía de Neiva, dice que desde el orden municipal se pueden y se van a generar condiciones y escenarios de participación encaminadas hacia las víctimas, que buscan abrir espacios para la reconstrucción de la memoria. “Las acciones que nosotros hemos adelantado con la comunidad están dirigidas a un grupo poblacional que puede ser víctimas directas o indirectas – sociedad en general- y con la Mesa Municipal de Víctimas Municipal. El canal de participación está abierto”, señala.

Es necesaria la organización y mayor pedagogía

Para facilitar el proceso burocrático de reconocimiento y registro de las víctimas, que también ha llegado a estas instancias, y a fin de  garantizar que todas las víctimas participen del proceso de esclarecimiento de la verdad y de la posterior reparación, surge la necesidad de la organización  de las víctimas que  ha dejado el conflicto armado en el departamento del Huila.

Según Andrea Jiménez, funcionaria del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (OBSURDH),“hay muchas víctimas que están desarticuladas, que sienten que con ellos no es el tema. Además, hay mucha desinformación. Hay que tenerlas más en cuenta y hacer más asequibles los mecanismos que ellos tienen para acceder a la JEP. El trabajo es grande puesto que en el Huila hay pocas organizaciones sociales trabajando en torno a esto”, señala.

María Ruth Bonilla, hace parte de la Mesa Municipal de Víctimas de Neiva, y desde el trabajo realizado en esta organización reconoce el déficit actual en los procesos de  agrupación de las víctimas: “Si no estamos unidos, no va a haber nada para las víctimas. No hemos comprendido que tenemos que cambiar de mentalidad. Además, nunca nos tienen en cuenta. Estamos invisibilizados y desunidos”.

Luis Fernando Pacheco señala que la mayoría de personas que se acercan a la Mesa Municipal de Víctimas buscan la solución de situaciones contingentes, con el agravante de que, en su mayoría, son personas en condición de vulnerabilidad. “De entrada organizarlas no es fácil. Este asunto tiene  una complejidad. Estas personas primero buscan resolver su realidad y luego sí organizarse”, comenta.  Además enfatiza en la necesidad de la pedagogía: “Las víctimas deben aprender a hablar de paz. Que sean actores escuchados dentro del proceso de reconciliación que está viviendo el país. En torno a eso se pueden ingeniar acciones de diálogo en las cuales se pueda hacer reconstrucción del tejido social”.

Nayla Garzón, que hace parte de Padegustar, cuenta la importancia de la organización, sobre todo, para lograr que las víctimas puedan hablar y soltar- poco a poco- todo el rastro de su dolor: “Yo era una mujer que me enfocaba solo en mi casa, no salía. Me había convertido en una mujer que dejaba pasar. Ahora no, desde que estoy en la organización ahora soy una mujer libre. Todas esas charlas, todas esas capacitaciones a las que hemos ido nos han servido mucho: para independizarnos, para decir que sí podemos”.

Asimismo, María Ruth Bahamón, ejemplifica con sus declaraciones la situación de muchas víctimas que se encuentran en las zonas rurales del país y el departamento: “Uno no tiene conocimiento de muchas cosas allá en el campo. Cuando se viene de allá uno no sabe a dónde ir a tocar puertas”.

Andrés Calle, líder social que hace parte de la Mesa Departamental de Víctimas,  dice que a las víctimas les cuesta mucho la organización, porque, en algunos casos están esperando únicamente la indemnización. “Algunas víctimas no quieren gestionar proyectos. Ellos han esperado que los llamen y los anoten y piden que ojalá no se demoren. Se la han pasado esperando eso”, comenta Calle.

“Si las víctimas están organizadas es más fácil hacer incidencia en sus municipios. Es más fácil gestionar recursos, medir la vulneración de los derechos, en las mujeres específicamente”, señala Edna Johanna Cruz, de la Oficina de Víctimas del Departamento.

Este hecho sigue latente en la realidad departamental y es una de las mayores preocupaciones mirando a futuro. Teniendo en cuenta que ya han iniciado las labores  de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la cual tiene a su cargo  hacer el informe general de los hechos que han ocurrido en el marco del conflicto y de escuchar los relatos de las víctimas.

Frente a esto, Andrea Jiménez dice: “Sabemos que tenemos que estar organizados para saber qué es lo que queremos que se sepa. Que la Comisión se interese es el primer reto, y después de eso, que ocurra una investigación real y se cuente la verdad es otro reto. En la medida en la que esto se haga, se darán garantías de no repetición en el futuro”.

La realidad muestra un dato preocupante de cara al futuro de la JEP en el departamento. Actualmente sólo existe una persona que se encarga del enlace territorial entre este organismo nacional y los departamentos del Huila y Tolima.

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El Estado también ha sido victimario en el Huila

Generalmente, se tiene el concepto erróneo de que en el conflicto sólo hubo un victimario. La historia ha demostrado que no es así. Está demostrado que en el desarrollo feroz del conflicto armado distintos actores también cometieron delitos, entre ellos el Estado colombiano, representado por las fuerzas armadas gubernamentales.  Según el informe Forensis 2016, el 47% de las muertes relacionadas con el conflicto armado en el país entre 2004 y 2016 son atribuibles a las fuerzas militares del país.

La historia de María Ruth Bahamón es uno de los casos que simboliza esta situación en la región. Bahamón tenía su finca cerca al Guayabal, una zona que ha sido lacerada por el conflicto de una manera sin precedentes. Allí se encontraba, como ella misma lo define, en el filo de un machete, en el que si se volteaba por un lado para ser colaboradora del ejército, la guerrilla podría emprenderla en contra suya, y si apoyaba a esta última las represalias vendrían de la parte oficial.

La zona y sus habitantes, por la connotación histórica que tiene, han quedado con el estigma de ser zona de influencia guerrillera. Así comenzó en 2003 un suplicio que hasta el día de hoy no cesa. Edinson Rojas, su hijo, después de años permanentes de persecución por parte del Ejército,  se encuentra desparecido. Ocurrió en el 2009, en un hecho que María Ruth cuenta con las manos apretadas y la mirada contenida. Lo último que se supo de él, fue que estaba en casa de su suegro y de allí partió rumbo a su casa. En ese trayecto, dice Ruth, se perdió su hijo.

Este evento fue la confirmación de una serie de hechos que advertían lo que iba a pasar. Empezó en 2003, una brigada del Ejército Nacional lo torturó en Balsillas, cuando él regresaba de Neiva a la finca familiar. En 2004, mientras vivía en el corregimiento Pacarní, cerca de Tesalia, Edinson le contaba a su mamá que constantemente sentía que lo perseguía una moto de alto cilindraje sin placas, y que lo seguía por donde él se moviera. También fue sometido a una acusación sin pruebas que lo condenó a dos años en la cárcel de Rivera. En diciembre de 2008, meses antes de ser desaparecido, fue retenido sin razón en un retén del Gaula del Ejército Nacional. Allí, un agente le dijo al abogado Jaime Rojas Tafur que  venía siguiendo a Edinson desde hacía mucho tiempo.

Después de eso, Edinson no vivía tranquilo, y se lo contaba a su mamá. El tiempo confirmó el presentimiento del joven y al día de hoy, su madre confiesa que se arrepiente de no haber hecho algo. “Me siento impotente”, dice.

“Yo siento que he sido amenazada por miembros del Estado”, dice María Ruth, con el asomo de las lágrimas en sus ojos.

Ella ya ha agotado todas las instancias jurídicas correspondientes, y sigue sin encontrar una respuesta de los organismos judiciales. Tampoco ha podido acceder a los beneficios de las víctimas, porque cuando se enteró de eso ya había pasado el tiempo para poder declarar y ser tenida en cuenta por la Unidad Nacional. Sin embargo, sigue aferrada a una esperanza de madre, esperando que un día el Estado le responda por la vida e integridad de su hijo.

Andrés Calle también es víctima del estado, y su historia es similar a la de María Ruth y tiene un elemento adicional: fue desplazado con su familia por parte del Ejército Nacional, cuando vivían en la región del Bajo Caguán. Cuando fueron a declarar en la Unidad de Víctimas la razón que les dieron, sin prueba alguna, fue que los habían sacado por culpa de que la guerrilla rondaba la zona.

La historia, que se destapó a la opinión pública principalmente en la primera década del siglo XX con los falsos positivos en todo el país, ha demostrado repetitivamente que algunos organismos de seguridad que representan al estado han incurrido en violaciones al DIH (Derecho Internacional Humanitario) y hay todo un reto detrás de todo esto: investigar e interesarse, por parte de la justicia transicional de la JEP, por conocer la verdad de todos los hechos, sin excluir de la responsabilidad a ninguno de los actores que hayan propiciado hechos de victimización de la sociedad civil.

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