Los retos de la nueva Jurisdicción Especial de Paz y el rol activo de las víctimas

El Magistrado Raúl Sánchez Sánchez, uno de los dos huilenses que hacen parte de la Jurisdicción Especial de Paz,  disertó el pasado 9 de Abril en el auditorio de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana acerca de la función que empieza a cumplir este organismo transitorio que surgió de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Farc. La charla del Magistrado Sánchez tuvo lugar en medio del conversatorio “Perspectivas de la Jurisdicción Especial para la Paz”, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas y el Programa de Ciencia Política de la Usco.

Por: Luis Carlos Prohaños, periodista SuRegiòn

El magistrado Raúl Sánchez Sánchez, integrante del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, señaló en Neiva el pasado 9 de Abril que este organismo de justicia “tiene un carácter transitorio e independiente, y posee autonomía para investigar y procesar las infracciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en nuestro país”. La JEP actuará con un enfoque de justicia penal restaurativa, que tiene en cuenta ante todo las necesidades y requerimientos de las víctimas del conflicto armado.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de justicia restaurativa?

Según la oficina del Alto comisionado para la Paz, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, contemplado en el punto de víctimas del acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y las  FARC, se compone de diferentes mecanismos judiciales y extra judiciales que se pondrán en marcha de manera coordinada con el fin de lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas:

¿Cómo garantizar la amplia participación en los procesos de la JEP de las víctimas del conflicto armado?, es la pregunta que se formulan muchos ciudadanos en la actualidad.

Al respecto, el Magistrado Sánchez puntualizó: “Cuando hablamos de las víctimas queremos señalar que no estamos enfocados en el caso a caso, porque son millones de hechos victimizantes y por eso se han establecido unos criterios de selección y priorización. Dicho esto, se trata de que tanto las organizaciones sociales, los grupos de víctimas y los organismos estatales nos presenten sus diferentes informes señalando esos hechos. En el caso puntual, lo más lógico es que señalen a quienes afectó el hecho de violencia, con quién se puede contactar. Nosotros vamos a tener en cuenta todo lo que nos den en materia de informes porque eso es lo que nutrirá a la jurisdicción. Por eso, reitero, pensar en casos individuales o uno a uno haría mucho más compleja la labor, teniendo en cuenta que solamente funcionaremos  de manera transitoria, entre 10 y máximo 15 años”.

Sin embargo, permanecen ciertas dudas que no han sido suficientemente aclaradas  por parte de los organismos que conforman este sistema.  Entre ellas: ¿cómo hará la JEP, y en general el sistema, para garantizar el acceso y el conocimiento de las víctimas sobre los procesos que se desarrollarán en la jurisdicción especial? ; ¿ De qué forma estos procesos judiciales contribuirán al esclarecimiento de la verdad completa de los graves hechos ocurridos durante el conflicto armado? ¿ Y en particular, como la JEP podrá alimentar con informaciones fidedignas el trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad que también surgió de los acuerdos de paz de La Habana? El reto es inmenso, teniendo en cuenta que una de las funciones principales de esta comisión es asegurar la dignificación de las víctimas y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad.

Esta será la conformaciòn de la JEP y la forma en la que trabajarán:

Fuente: Página de la JEP de Periodico Suregion

Según Andrea Jiménez del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (OBSURDH), el reto es para la sociedad civil: “La Jurisdicción Especial para la Paz no entrará a analizar caso por caso, sino que el reto es de qué manera la sociedad civil se organiza para poder presentar informes de casos específicos en los que se evidencie la sistematicidad, la relación de victimarios, los periodos en los que ocurrieron los hechos”. Lo anterior aseguraría el juzgamiento y la posibilidad de atención por parte de la JEP, siempre y cuando se haga de manera articulada.

Otro reto inmenso es el de realizar una adecuada pedagogía con las víctimas para que ellas puedan acceder  al sistema integral. Teniendo en cuenta el panorama actual de atomización de una parte significativa de las víctimas, se evidencia la necesidad de que la JEP, en coordinación con las instituciones locales y departamentales, realice un trabajo de acercamiento a las comunidades afectadas por la violencia, a fin de explicar cómo pueden estas utilizar los diversos canales de acceso a los procesos de reparación integral, justicia, verdad y no repetición.

Entre tanto la JEP ya cuenta con  una comisión territorial, la cual -según el magistrado Sánchez- está encargada de trabajar de la mano con los entes territoriales. “Nosotros como magistrados tenemos muy en cuenta a las regiones. Será un trabajo con una sede central, pero con presencia regional”, sostuvo. Sin embargo, en el Huila sólo una persona está trabajando en calidad de enlace territorial con la jurisdicción especial, lo cual resulta insuficiente teniendo en cuenta que el departamento tiene registrados en  la actualidad 194 mil víctimas del conflicto armado.

Cuatro meses después del inicio oficial de las labores de la JEP, son inmensas las tareas y los desafíos que debe encarar la Jurisdicción Especial para dar respuesta a las expectativas de víctimas y ciudadanos con respecto a los mecanismos de justicia transicional acordados entre el gobierno nacional y la insurgencia.

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