Las relaciones laborales en Cementos Argos: de la Masacre de Santa Bárbara en 1963 a la exitosa negociación de la Convención Colectiva de 2006

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Por: Gilberto Cardozo, Ex Gerente de Relaciones Laborales de Cementos Argos

 

Nota del Editor General:  El autor de este artículo que se publica por primera vez en Suregión, Gilberto Cardozo, fue Gerente de Relaciones Laborales por cerca de 20 años, inicialmente en Cementos El Cairo- filial de Cementos Argos-  y posteriormente en el propio Cementos Argos, como empresa matriz que fusionó varias  cementeras filiales.

A propósito del fallecimiento reciente del expresidente Belisario Betancourt, el cual ha dado lugar a numerosos obituarios que exaltan su contribución a la paz, como auspiciador de los diálogos y acuerdos de tregua y diálogo nacional con varias organizaciones insurgentes durante su gobierno, el texto rememora un episodio oscuro de su desempeño político, cuando ejerció el cargo de Ministro de Trabajo en el gobierno de Guillermo León Valencia. Se trata de su cuota de responsabilidad en la Masacre de Santa Bárbara, acaecida el 23 de Febrero de 1963, en la que fueron abatidos por balas oficiales once personas que participaban en la huelga de los obreros de Cementos El Cairo, en el municipio antioqueño de Santa Bárbara. La caracterización que hizo el Ministerio del Trabajo bajo la dirección de Belisario Betancurt del conflicto laboral en Cementos El Cairo como perturbación del orden público y no como desarrollo del derecho a la asociación sindical y del libre ejercicio del derecho de huelga, advierte Cardozo en este artículo, actuó como sombrilla jurídica para la orquestación de  la sangrienta represión a los huelguistas de El Cairo. Sin embargo, y tras años de relaciones laborales tormentosas, empresarios y trabajadores lograron negociar y suscribir en 2006 una Convención Colectiva de Trabajo sobre principios de diálogo social y respeto de los derechos humanos y laborales, que transformó de modo positivo el clima laboral en la empresa.

 

Voy a comentar la experiencia de la transformación de las relaciones de trabajo en Cementos Argos a partir de la realidad que puede observarse entre dos hitos de la historia de esta empresa: la “Masacre de Santa Bárbara” sucedida el 23 de febrero de 1963 en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia y el Acuerdo de la Convención Colectiva Única celebrado en agosto de 2006.

Trato de mostrar qué factores determinantes intervinieron para construir unas relaciones laborales hostiles a la convivencia y evidenciar que la observancia de una política de respeto mutuo y tolerancia permitió transformar esa realidad en  una   contrapuesta de reconocimiento del otro, de diálogo social, de tranquilidad y sosiego, de progreso, productividad, sostenibilidad del negocio y del empleo.

Es un caso de puesta a prueba de principios básicos democráticos liberales inspirados por la revolución francesa como el respeto por los derechos individuales, el derecho al trabajo digno, el trato igualitario y respetuoso, la libertad de pensamiento y de expresión. Y, derivados de estos los derechos colectivos de asociación y de huelga. Principios básicos aplicados críticamente a la administración de las políticas de relaciones laborales en una empresa ortodoxamente capitalista con firme orientación conservadora y  una dinámica de expansión industrial capitalista.

Mis impresiones y reflexiones se sustentan en la participación directa en la dirección de las relaciones laborales durante cerca de 20 años, al inicio en Cementos El Cairo, filial de Cemento Argos y al final en el propio Cementos Argos como matriz que se fusionó en una gran empresa con todas sus filiales.

El temor a la conciencia y a la organización de los trabajadores  

El surgimiento y consolidación de la organización sindical en Cementos El Cairo fue prematura y apacible. Se constituyó en 1947, tres años antes de existir como fábrica  de producción de cemento.  Los operarios fundadores no fueron obreros cementeros, ni habían producido un kilo de cemento.  Inspirados por la iglesia católica, apostólica y romana y con el hálito del partido conservador en el poder, -gobierno de Mariano Ospina Pérez– y la federación sindical clerical Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) –y su filial Utrán- Unión de trabajadores de Antioquia-, liderados por  Luis H. Rojo, constituyeron a Sindtracairo.

Los patronos temían un sindicalismo liberal radical –impulsado por la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)-  con auspicio del partido liberal, y más temían a un sindicalismo “bolchevique” fantasma del comunismo internacional. Pero, aunque no lo deseaban, se conformaron con un sindicalismo  patronal y devoto. Constituido el sindicato, en sus inicios, sus juntas directivas cargo por cargo, fueron sugeridas por la administración de la fábrica y en su oficina se hicieron las reuniones primitivas. Con patronos paternalistas, al estilo paisa, precursores de la industrialización antioqueña de la primera mitad del siglo XX, el sindicato obtuvo sucesivas concesiones y beneficios que conformaron –antes de 1963- el grueso de los beneficios convencionales o conquistas sindicales, sin mediar conflicto alguno.

Dos años antes del pliego de peticiones de 1962,  el sindicato con la dirección de Luis Sierra, fatigado con el agotamiento del discurso patronal extremo de los asesores espirituales de la UTC, giró hacia la asistencia de Fedeta –Federación de Trabajadores de Antioquia desglosada de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). Fedeta como nueva federación independiente de los partidos tradicionales pero dependiente del Partido Comunista Colombiano fue creada con la concepción estalinista de ser “correa de transmisión” de las orientaciones del  Partido a las masas de trabajadores, en pugna con las federaciones adscritas a los partidos del Frente Nacional, liberal y conservador. La dirección del  sindicato cambió de federación y de partido tutelar, pero nunca fue independiente.  Esta dependencia influyó en la concepción monolítica de la dirección sindical y no fue ajena a la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha y las prácticas correspondientes.

Con esos patronos y esa dirección sindical, ya bajo el influjo de la revolución cubana, se realizó la negociación colectiva de 1962. El trámite transcurrió normalmente pero sin acuerdo total como sí  ocurrió en Cemento Argos y Cementos del Nare,  matriz y filial hermana de El Cairo, las cuales presentaron simultáneamente los pliegos de peticiones. La empresa actuó conforme al principio de “dividir para reinar”.  El 28 de diciembre de ese año el acuerdo general quedó pendiente únicamente del  punto salarial.

Desenlace de la huelga

Ese día -vale reiterarlo: 28 de diciembre de 1962-  la conducta de la dirección empresarial marcó la suerte del 23 de febrero y la relación histórica futura del sindicato, y más: de los trabajadores, la población de Santa Bárbara y la empresa  Cementos El Cairo-Argos en materia social y laboral.

La maniobra ventajosa que en esa fecha dejó en vilo el acuerdo general se materializó en la fórmula de aumento salarial presentado por los negociadores de la empresa motivados por la información privilegiada que obtuvo la delegación empresarial sobre lo que sería la Ley Primera de 1963 que decretaba aumento general de salarios en el marco del Plan de Medidas Económicas del gobierno para enfrentar la inflación y las amenazas de  paro nacional. Información obtenida a través de los vasos comunicantes existentes entre el gabinete ministerial y la alta dirección de Cementos El Cairo y Argos por cuanto el Ministro de Gobierno de Guillermo León Valencia, Eduardo Uribe Botero, era simultáneamente miembro de la junta directiva de El Cairo-Argos y recibida por Samuel Syro, abogado negociador y Secretario General de la misma junta directiva de El Cairo – Argos.

La Ley Primera de 1963  que el 28 de diciembre era una mera expectativa, fue sancionada el 6 de Febrero, con retroactividad al 1° de Enero de 1963. El punto de quiebre se presentó –reitero- cuando la empresa pretendió aprovechar el incremento salarial gubernamental anunciado para incorporarlo al valor del incremento salarial que fuere acordado por la empresa y los trabajadores. Esto es, condicionó el incremento salarial  reconocido en la negociación colectiva a que esa cuantía fuera “imputable o se entendiera  incorporada a cualquier aumento legal o gubernamental de salarios que se decretaren en 1963.”

Con esa actitud, que pareció válida para la dirección de la empresa pero desleal a la dirección sindical y todos los trabajadores, la empresa bloqueó los acuerdos ya tangibles y accesibles, suspendió las negociaciones, cerró las oficinas administrativas en Medellín y esperó la sanción de La Ley Primera.

Mientras se desencadenó la huelga y siguió su curso bajo las circunstancias y con la dinámica que condujo a la tragedia. En aquella fecha no estuvo en discusión ninguna prestación social. Las prestaciones reconocidas antes del pliego de peticiones y las discutidas durante la negociación estaban acordadas.

La conducta patronal defraudó la confianza obrera, rompió las posibilidades de acuerdo, precipitó la huelga y articuló los diferentes determinantes de los acontecimientos del 23 de febrero del año siguiente, conocidos como “la Masacre de Santa Bárbara”.

La Masacre de Santa Bárbara

El análisis de estos hechos quizás los debió escribir  la organización sindical  para memoria de los trabajadores  pero no lo ha hecho por falta de actitud investigativa e indiferencia que ha impedido precisar la verdad y ha dado espacio a la especulación y al olvido. Se ha limitado a conmemorar anualmente los acontecimientos en un estilo agitacional  y panfletario. Tampoco la empresa ha enfrentado el análisis de los sucesos de antes, durante y después del 23 de Febrero, quizás por su sentimiento de culpa y con ello contribuyó a mantener y soportar el deterioro y degradación de las relaciones laborales en El Cairo.

Alberto Aguirre, abogado, librero, cineasta y periodista crítico quién murió sin publicar su ensayo sobre la “Masacre de Santa Bárbara”, escribió en su columna Cuadro del periódico El Mundo de Medellín del 27 de noviembre de 1981: “las autoridades de Medellín organizaron una expedición de 56 volquetas, con fuerte escolta militar, para ir a Cairo por el clínquer. Fueron en la mañana de ese sábado 23 de febrero. Cuando regresaba la expedición armada, encontraron ahí en la Codi la oposición popular: porque no eran sólo los huelguistas de El Cairo, sino cerca de tres mil personas: huelguistas, familias, compañeros del pueblo de Santa Bárbara. Al fin pasaron los camiones militarizados cargados de clínquer. Literalmente, pasaron por encima de los cadáveres de los trabajadores.”

La acción militar solicitada por el Gobernador de Antioquia Fernando Gómez Martínez,  autorizada por el gobierno nacional con el concepto favorable del Ministro de Trabajo Belisario Betancur,- produjo 11 muertos por balas oficiales del Batallón Girardot de Medellín entre obreros y campesinos de la región -incluida una niña de 10 años hija de un obrero cementero-  causó decenas de heridos entre huelguistas y pobladores y centenares de detenidos acusados de participar en un complot comunista contra el orden público.

 

Titular de prensa sobre la masacre

Sepelio de los obreros y pobladores asesinados durante la Masacre de Santa Bárbara

Esa huelga y su desenlace trágico merece toda la atención porque allí se concentraron todos los desaciertos y se condensa la concepción y la política de la administración  general  de la empresa y de la administración gubernamental local, departamental y nacional. Esos acontecimientos produjeron la ruptura indeleble de la confianza y de las relaciones de trabajo en Cementos El Cairo y en buena medida en otras cementeras del grupo Argos, como Nare y Valle con impacto en todas las otras cementeras y negocios Argos.

Como secuela lógica de los acontecimientos se consolidaron una dirección patronal antisindical y una organización sindical antipatronal radicales que durante 27 años de 1963 a 1990 produjeron y reprodujeron enfrentamientos, agresiones, insultos, sabotajes, sanciones, despidos y retaliaciones marcadas por el odio, el rencor y la intolerancia.  Las sucesivas confrontaciones, huelgas, paros legales e ilegales, presentados  durante ese período evidencian la irracionalidad mutua que se apoderó de las relaciones de trabajo.

La empresa “confirmó” que el sindicato era un peligro y un enemigo potencial, El sindicato “confirmó” lo mismo  de la empresa. En esa lógica  buscaron eliminarse los unos a los otros.  La empresa parecía creer que podría subsistir mejor sin el sindicato  y  el sindicato parecía creer que podría existir sin la administración de la empresa. O, por lo menos, ambos creían necesario atacar o desconocer al otro. Se trataron como enemigos, en el discurso,  en los hechos y en  las relaciones diarias.  Esa lógica y esa política, mutuamente correspondidas, predominaron hasta 1990.

 

Reclamos de la memoria histórica

La memoria histórica reclama porqué el Estado no encauzó sus esfuerzos institucionales a investigar e identificar con mayor precisión los hechos, los mecanismos  y las decisiones de las partes intervinientes en el conflicto que se acumularon y sirvieron de detonantes de los sucesos:  la intervención omisiva  pero  decisiva del Ministro Belisario Betancur en  la caracterización del conflicto laboral como de perturbación del orden público y no como desarrollo del derecho a la asociación sindical y del libre ejercicio del derecho de huelga; la gestión acuciosa y desmesurada del Gobernador Fernando Gómez Martínez  para orientar la acción gubernamental hacia el recurso a la fuerza militar del ejército, reservada por función constitucional a la protección de la soberanía nacional; la actitud de la dirección de la empresa de no exigir la intervención de la policía administrativa del trabajo, con funciones de conciliación, prevención y amigable componedora, e incluso desconocer  la presencia de la policía local, más cercana y tolerante con los actores del conflicto; el estímulo al “esquirolaje”  y a elementos “rompe-huelgas”, en contravía del derecho de huelga consagrado constitucionalmente y en desconocimiento de las recomendaciones de la Organización Internacional del  Trabajo –OIT- para la solución de conflictos, Organización de la cual Colombia es miembro desde 1919 y cuyos Convenios  el Congreso de la República aprobó  y ratificó con fuerza de Tratados Internacionales.

La memoria histórica pregunta porqué la institucionalidad del Estado no identificó  el papel dual cumplido por el Ministro de Gobierno, Eduardo Uribe Botero directivo y accionista de El Cairo-Argos en consonancia con Samuel Syro, negociador y Secretario General de Argos y de estos con el Gobernador de Antioquia Fernando Gómez Martínez , director propietario del periódico El Colombiano a través del cual difundió la especie de que el conflicto obrero obedecía a un plan de la subversión  o complot comunista con la anuencia del Ministro de Trabajo Belisario Betancur, ausente durante el escalamiento del conflicto a excepción de su manifiesta simpatía por la fórmula empresarial del incremento salarial que provocó la ruptura de las negociaciones.

 

Dice el periódico “De la Urbe”, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia,  artículo “Con el cemento en la sangre”, del 9 de marzo de 2013: “El Ministro de Gobierno tenía un conflicto de intereses con la huelga de El Cairo. Tal conflicto quedó en evidencia cuando el 25 de febrero, dos días después del trágico desenlace de la huelga en Santa Bárbara, Cementos El Cairo registró ante la Cámara de Comercio el nombramiento de una nueva Junta Directiva en la que no aparecía Uribe Botero, hasta entonces tercero principal de la Junta”.

Después de la masacre Eduardo Uribe Botero fue nombrado embajador de Colombia en Estados Unidos y luego, en 1969, Rector de la Universidad de Antioquia. Samuel Syro lo sucedió en  la rectoría de la Universidad de Antioquia en 1970 y luego, entre otras actividades profesionales y financieras, se dedicó a la enseñanza de la Ética y escribió el texto “Ética de la abogacía” publicado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín en 1983.

La memoria histórica reclama porqué las instituciones de control administrativo, judicial y político  no esclarecieron las  evidencias que ponían  al descubierto la presión determinante de la Junta Directiva de Argos sobre el gremio constructor asociado en Camacol -Cámara Colombiana de la Construcción-  donde Argos era socio determinador y la presión de este gremio sobre el gobierno departamental y nacional para optar el uso de la fuerza militar y la represión con el fin   de satisfacer sus intereses económicos aunados a la acción del  periódico El Colombiano sobre la opinión pública con la alarma “por los 20.000 obreros que quedarán cesantes por el paro en Cementos El Cairo , por la actitud hostil de quienes no desean trabajar para ganar el pan con el sudor de su frente” (21 de Febrero de 1963)

Esto es, los esfuerzos institucionales no se dirigieron a esclarecer la articulación, el tinglado que armaron los poderes centrales, políticos y económicos, nacionales y regionales con la dirección de la empresa, entramado que hacia previsible el escalamiento del conflicto y el desenlace del 23 de febrero.

 

Relaciones engañosas reproducen los conflictos

La visión histórica de los conflictos sociales en El Cairo es necesario ampliarla hasta el análisis de sucesos como el Paro de 1985, verdadero paro cívico local que paralizó la producción de cemento durante 90 días -sucedido 22 años después del conflicto que desencadenó la “masacre de Santa Bárbara” en 1963– porque su análisis permite encontrar un hilo conductor que une el comportamiento y el método para resolver los conflictos laborales por parte de la Administración de la Empresa  en 1963 y 1985. En el origen del Paro de 1985 aparece otra decisión administrativa que iría a acrecentar la desconfianza de los trabajadores y a entorpecer las relaciones laborales: el intento unilateral de afiliarlos de manera forzosa al régimen de la Seguridad Social.  La empresa intentó aprovechar –una vez más -un Decreto nacional para la extensión voluntaria de la cobertura de los servicios médicos hospitalarios del Instituto Colombiano de Seguros Sociales –ICSS-  a la región de Santa Bárbara para deshacerse con un “golpe de mano” de la obligación contractual convencional de prestar los servicios de seguridad social directamente o a través de entidades privadas prestadoras de esos servicios. Esto a pesar y en contra de los acuerdos solemnes de 1977, ratificados en 1983 -constituidos en documentos públicos de obligatorio cumplimiento- que preveían las condiciones, el tiempo y la forma para realizar esa transición sin sorpresas y sin trauma. De nuevo hubo asalto a la buena fe, irrespeto y fuerza, acciones y reacciones violentas, ausencia de  diálogo y de consenso.

 

Viraje histórico

Los acontecimientos del paro del 85 con sus enormes pérdidas económicas y su contribución al grave deterioro de la convivencia interna y la coexistencia con la localidad aledaña provocaron el relevo en la dirección gerencial de Cementos El Cairo y abrieron el espacio para una transformación  radical en la concepción y estrategia  de la comprensión y tratamiento del conflicto.

Ocurrió un  giro histórico posterior a 1985 visible a partir de 1990 de lenta recuperación de la tranquilidad laboral y de la confianza y el respeto mutuo. Desde 1990 hasta 2015  -25 años- no ha habido ninguna huelga, paro ni confrontación laboral violenta en Cementos El Cairo.  La interlocución se  restableció. Las relaciones de trabajo se civilizaron, las negociaciones y convenciones colectivas perdieron agresividad, protagonismo personal y ganaron simplicidad y transparencia. Se suspendió la injerencia patronal en el montaje del paralelismo sindical. Los beneficios sociales y salariales, logrados antes y después de 1963 se conservaron totalmente y se incrementaron.  La vida fabril se normalizó.  La estratificación clasista en los servicios de transporte y alimentación terminó y la igualdad en su prestación dio oportunidad a nuevos espacios de bienestar y convivencia.

El paso más trascendental en la vida económica y laboral de las cementeras del Grupo Argos en Colombia fue la fusión en una única empresa que la ficción jurídica ocultaba y desconocía para evitar la integración y fortaleza sindical. Fusión de ocho empresas que pudo darse en 2005 sin la resistencia y con la colaboración consciente y unánime de los tres sindicatos –con sus siete  convenciones variopintas y un pacto colectivo-  precisamente porque  a la empresa, a los trabajadores y a sus asociaciones los animó una nueva y vigorosa concepción del Diálogo Social en las relaciones de trabajo.

La fusión empresarial sirvió de base material y jurídica a la fusión sindical.  La conformación real de un Sindicato Único de Industria agrupó siete organizaciones locales, pequeñas, aisladas y dispersas en el territorio nacional.  Se crearon subdirectivas donde nunca las hubo, se multiplicaron los afiliados y se hicieron normales y cotidianas las relaciones entre los trabajadores de diferentes regiones y sus organizaciones y entre estas y la dirección regional y nacional empresarial.

Mediante el más amplio proceso democrático vivido en las cementeras Argos, con la participación directa de los más destacados líderes obreros y sindicales por fábrica con la activa participación de profesionales de todos los niveles de dirección administrativa y técnica de las múltiples disciplinas que integran el complejo empresarial de Cementos Argos con el compromiso de su más alto nivel de dirección, se acordó una Convención Colectiva Única , sueño hasta ese momento inalcanzable de los trabajadores y líderes sindicales desde que fueron conscientes de que provenían de una misma matriz y pesadilla de administraciones temerosas sin visión mundial, insertas en una especie de lucha frontal  y guerra fría laboral doméstica. Convención Única que condensó en 30 artículos breves y claros, los 500 artículos y otros cientos de  parágrafos de siete códigos laborales extensos, confusos y engañosos que más parecían hechos por tramposos para tramposos. Convención Única, técnica y moderna que mejoró sustancialmente los salarios, prestaciones sociales y estabilidad de miles de trabajadores y que incluyó a manera de preámbulo los principios fundamentales del trabajo preconizados por la Organización Internacional del Trabajo –OIT- con el derecho a la libertad de asociación como pilares básicos del respeto mutuo lo cual fortaleció extraordinariamente su arma fundamental: la Organización Sindical de Industria. Este esfuerzo mancomunado expresa el compromiso de la organización empresarial y de la organización sindical de respetar los derechos fundamentales del trabajo y apoyar la construcción de una empresa sostenible.

 

Opinión de líderes y organizaciones de los trabajadores sobre la Convención Única

Gilberto Pareja líder sindical nacional de Cementos Argos y de la industria del cemento y partícipe en la construcción del acuerdo de la Convención Única opinó para la revista Cultura y Trabajo de la Escuela Nacional Sindical –N° 71,2007-, artículo “De realidad en realidad”:

“Esta experiencia ha permitido que con una gran diversidad de culturas, normas y costumbres se firmara la nueva convención colectiva. Sin que nos ufanemos de que es el gran ejemplo sí podemos decir que puede marcar el camino para que se avance en la construcción de los Convenios Únicos por Rama (industrial). El primer paso significativo fue la generación de confianzas. Las bases para este paso fueron reconocer las diferencias o contradicciones de todo tipo. Se hacía preciso legitimar unas relaciones laborales donde se plasmaran los derechos y los intereses de las partes.”

La Escuela Nacional Sindical  -ENS – opina:

“La experiencia de Argos no sólo ha sido sui géneris en el país, sino que ha tenido para esta empresa muy buenos resultados. No sólo mejoró y armonizó sus relaciones laborales, sino que su desempeño productivo es mejor hoy que en aquellas épocas en que los conflictos con sus trabajadores eran habituales. Y lo que es más plausible: a los sindicatos les demostró que no siempre la confrontación es el camino más claro para fortalecerse, lograr reivindicaciones laborales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Y a los empresarios les demostró que dentro de un clima de respeto y reconocimiento de las organizaciones sindicales se pueden pactar acuerdos duraderos y sólidos, que no sólo redunden en paz laboral y trabajadores más motivados y comprometidos en su desempeño, sino también en mejores rendimientos empresariales”.

Héctor Vásquez, cofundador analista y miembro del equipo de investigaciones de la Escuela Nacional Sindical, afirma que:

“La nueva convención colectiva en Argos significa el fortalecimiento del diálogo social dentro de la empresa; diálogo que para ser exitoso supone como condición unos actores fuertes, como lo es la organización sindical Sutimac, que ha crecido, es representativo y agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa. La otra condición es que tanto la empresa como el sindicato se sientan mutuamente reconocidas como actores legítimos, en este caso para sostener una dinámica de diálogo respetuoso y buscar mecanismos más eficientes de negociación colectiva, incluso por fuera del marco establecido por la legislación”.

 

LA OIT Organización  Internacional de Trabajo  en su estudio “Hacia unas mejores relaciones laborales: lecciones y experiencias de 8 casos colombianos” consigna:

“En Cementos Argos  las partes diseñaron el modelo de conversación. Se nutrieron del bagaje teórico de los investigadores académicos para apropiarse una contextualización madura que les orientara en el tratamiento del conflicto. La representación de la empresa comprometió a funcionarios de todos los niveles. Los sindicatos nombraron representantes de primer nivel y estuvieron en contacto permanente con la base, cuya constante fue la democracia y el pluralismo. La negociación fue directa sin intervención de terceros. Las relaciones fueron cordiales. No se presentaron mítines, marchas o paros en el marco de las conversaciones, imperando la reflexión y un esfuerzo mancomunado por encontrar la solución. Se creó la Mesa Nacional de Conversación portadora de un plus frente a las tradicionales comisiones negociadoras. Se instalaron en la negociación principios rectores que constituyeron el norte teleológico de la relación, a saber: respeto, entre las partes, por las creencias, convicciones, opiniones, así como por derechos y valores y por la libertad de asociación; tolerancia, entendida como la aceptación de las diferencias; la buena fe y la transparencia como elementos fundamentales para construir la confianza, cuyo valor es el bien intangible que más se fortaleció. Es digno de resaltar el esfuerzo por  diseñar un método en la discusión, teniendo como fin fortalecer el dialogo social, y las partes coinciden en que se trató de un proceso caracterizado por ser participativo porque involucró todos los trabajadores y directivos de los distintos niveles, con el agregado de incorporar a las centrales, las universidades, asociaciones de empresarios e intelectuales. Se considera que también fue un proceso analítico, en la medida en que exigió argumentar las opiniones a efecto de ganar legitimidad en las posiciones, contribuyendo así a la racionalización de los intereses, evitando la radicalización. Fue un proceso pluralista, respetuoso de la diferencia; con métodos no contenidos en la ley, pero sin violentarla, frente a aspectos que esta no contempla. Y por último se ha considerado constructivo por tratarse de una creación permanente, de renovación cotidiana apuntando a un modelo nuevo y superior en concepción, principios y estructura. Aleccionador que las partes se concentraran en el proceso, más que en los resultados, no se instaló una mesa de negociaciones, sino una Mesa Nacional de Conversación.”

Concluyo:  A la fecha empresa y sindicatos se han fortalecido y la relación entre ellos también. El negocio y el trabajo se han hecho sostenibles,  principio fundacional de la nueva vida  institucional  laboral en Argos. Las partes se tratan con el respeto de ser socios estratégicos. Su proyecto es de largo plazo sobre nuevas bases y aspiraciones.

La experiencia local y limitada en Cementos Argos indica que la realidad puede ser adversa pero, por adversa que sea, toda realidad se puede cambiar.

Ponencia presentada en el VII Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo
Cali-Colombia, 2016
 

 Fuentes

  • Jáuregui González, Germán Andrés (2011). La masacre de Santa Bárbara, 23 de febrero de 1963. Trabajo de investigación para optar el título de Magister en Historia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2011. En: http://bdigital.unal.edu.co/4075/1/468403.2011.parte1.pdf
  • Escuela Nacional Sindical, Centro de Documentación
  • Sindicato de Trabajadores de Cementos El Cairo, archivo.
  • Cementos El Cairo, archivo.
  • Cemento Argos, archivo.
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