La paz es de todos ¿Y los muertos de quién?

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El pasado 19 de noviembre el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo – INDEPAZ publicó el informe Todos los nombres, todos los rostros sobre los asesinatos de líderes sociales en Colombia, el cual constata que para el momento de su divulgación se habían presentado 226 casos de asesinatos en 112 municipios distribuidos en 27 departamentos del país. Los departamentos con mayor número de víctimas de acuerdo con el informe son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander. El 80% de los homicidios se presentaron en 9 departamentos.

Por: Luis Humberto Perdomo, Estudiante del Programa de Ciencia Política en la Usco

El asesinato de líderes sociales en el marco de la violencia que vivimos en este país, corresponde a una falla en el orden democrático de nuestra sociedad, la cual da lugar a una violencia que se alimenta de la ausencia de canales eficientes para tramitar las demandas políticas, económicas y sociales, es decir, se trata de un problema estructural que desafía a una sociedad, al Estado y al gobierno a hacer replanteamientos de fondo con el propósito de solucionarlo de manera oportuna y eficaz.

Uno de los aspectos importantes para resaltar en el informe es que en los meses en los cuales se dispara el asesinato de líderes son julio y agosto de 2018 ¿Cuáles son las razones que explican el hecho de que los homicidios se hayan elevado en ese lapso? La principal apreciación debe girar en torno a que en ese periodo del año se intensificó el debate político , pues con las elecciones presidenciales y la consulta anticorrupción se abrió una fuerte discusión sobre las nociones de desarrollo, el ejercicio de la política, entre otros asuntos espinosos en nuestra sociedad, y esto pudo ser percibido como un riesgo para los intereses de terratenientes o poderes políticos y económicos que se niegan a permtiir las verdaderas reformas en este país ¿Al punto de anular a tiros cualquier opinión que contrariara sus intereses?

En este orden de ideas, es legítimo preguntarnos: ¿cuáles son las libertades de las que gozamos en Colombia los ciudadanos? ¿Dónde quedó el derecho a la libre expresión? ¿Quién responde por los líderes asesinados? A veces son interrogantes que naufragan en un mar de dudas en el que hemos navegado en los últimos años, ya que el Estado no ha podido garantizar la pluralidad en la participación política en nuestro país para eclipsar por completo la violencia política que hemos vivido.

A lo anterior se suma que en los últimos meses la estigmatización a los defensores de derechos humanos, los líderes sociales y la protesta pacífica ha estado a la orden del día. En todo caso estos asesinatos no pueden seguir tomándose como cifras, debemos reconocer en cada víctima de homicidio a un ser humano que personifica una labor de reivindicación social que implicó que un gatillo fuera apretado en dirección a su cabeza.


De acuerdo con las cifras de INDEPAZ, en los últimos tres años los asesinatos de líderes sociales han venido en ascenso, pues, representaron 97 para el año 2016, 159 para el 2017, 226 para 2018, y ya se cuentan varios en lo que va 2019. Las víctimas de estos asesinatos son personas dedicadas mayoritariamente a labores de defensa del territorio, que respaldan a procesos de restitución de tierras o que lideran iniciativas de promoción de los derechos humanos y defensa de recursos naturales. 

Está claro que hay unos altos niveles de violencia que continúan en nuestra sociedad y que también ha habido una estigmatización a los defensores de derechos humanos y a la protesta pacífica, incluso por parte del gobierno, situaciones que lejos de reducir el escenario de riesgo para este grupo de personas, lo incrementa. En este sentido se hace necesario que el Estado colombiano vele por la consolidación de una sociedad en la cual se preserven las libertades, el respeto a los derechos humanos, la justicia social y sobre todo que asegure un futuro más justo y digno para las poblaciones vulnerables.

Para esto es necesario que el Estado fortalezca sus mecanismos de autocontrol, que evite el desbordamiento del monopolio legítimo para el uso de la fuerza o disminuya el accionar de grupos armados al margen de la ley, y para esto se necesita la voluntad política del gobierno nacional ¿La tendrá? En el caso de la vulneración de la protesta pacífica se ha visto por ejemplo que la Policía Nacional, del Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales – GOES del Ejercito Nacional han infiltrado y saboteado protestas sociales de estudiantes, campesinos e indígenas. Lo anterior lo documenta el informe de INDEPAZ, lo reportan algunos medios de comunicación independientes y lo hemos visto quienes hemos participado de las movilizaciones universitarias en los últimos meses. Tan solo hace algunas semanas pudimos evidenciar el desmedido uso de la fuerza en el caso de Esteban Mosquera, estudiante de música de la Universidad del Cauca, quien en medio de la movilización nacional del 13 de Diciembre perdió su ojo cuando el ESMAD le lanzó una granada aturdidora.

En homenaje a Esteban Mosquera

En el acuerdo de paz con las Farc se resalta “que en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar los diferentes espacios para canalizar las demandas sociales, incluyendo garantías plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica” (punto 2.2.2, p 44). La movilización y la protesta pacífica deberán ser respetadas y manejadas de acuerdo con la Resolución 1190 del 03 de Agosto de 2018 , un mecanismo de garantías que en este momento está siendo vulnerado por el mismo gobierno.  

No obstante, debemos continuar promoviendo las iniciativas de paz, la pedagogía de convivencia pacífica y , sobre todo, la reformulación de políticas públicas. La implementación de los acuerdos de paz debe darse con mayor rigor para contribuir en la erradicación de la violencia, por ejemplo, la eliminación de los cultivos de coca no puede ser solo un asunto represivo y de erradicación forzosa en las zonas en la que los campesinos subsisten con estas siembras, sino que debe permitirse, a través de la sustitución de cultivos, la llegada del Estado a territorios que fueron históricamente abandonados y en los que se enquistó el narcotráfico y el conflicto que aún hoy sigue incidiendo en las cifras de asesinatos a campesinos y líderes.

En todo caso en Colombia debemos fijarnos la meta de dar respuesta a los problemas sociales y económicos que vive el país, y que no es exactamente de la manera como lo está haciendo el actual gobierno. Mientras tanto como sociedad tenemos el deber y la responsabilidad de rechazar el asesinato de nuestros líderes sociales y reivindicar la libre expresión como una manera de trascender a la anhelada paz de los colombianos.



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