El Quimbo sigue dejando lecciones ambientales y sociales

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En el foro Impactos Académicos, Investigativos, Sociales y Culturales de la problemática del Quimbo, organizado el pasado 7 de marzo por el Grupo de Investigación PACA y el Doctorado en Educación y Cultura Ambiental de la Universidad Surcolombiana, Miller Armín Dussán Calderón, Leyla Marleny Rincon Trujillo y Juan Manuel Andrade Navia, docentes e investigadores invitados, y Jennifer Chavarro, vocera de Asoquimbo, coincidieron en la necesidad de ahondar en los estudios científicos y académicos sobre los impactos ambientales de los proyectos energéticos, como herramientas que puedan ser útiles a la ciudadanía para encarar y prevenir  los daños ambientales y sociales de los macroproyectos de represas y gran minería. En el foro participaron  estudiantes, directivos y profesores de la Universidad Surcolombiana, el SENA y Colegio INEM Julián Motta Salas de Neiva.

Por: Luis Carlos Prohaños,  periodista Suregión

 El Quimbo le dejó muchas lecciones políticas y sociales a los habitantes de una región que está obligada a unirse para perseverar en  la defensa del territorio en función de la preservación ambiental, la protección del patrimonio cultural y el cuidado del tejido social.

La audiencia pública realizada en 2016 en el municipio de Garzón, las manifestaciones populares llevadas a las vías nacionales  ((2015), y la constitución de movimientos sociales entre los que sobresalen Asoquimbo, el  Movimiento Ríos Vivos  y varios comités municipales  por la defensa del territorio, han contribuido a elevar la conciencia de los habitantes del Huila en torno a  las funestas marcas sociales y ambientales que le ha producido al Huila la realización de la hidroeléctrica el Quimbo, construida por la multinacional Emgesa. Sin embargo, todavía se precisan múltiples actividades de denuncia, educación e investigación académica,  para que el conjunto de la población, no solo en el Huila sino en el resto del país, aprenda de esta duras lecciones y pueda continuar afrontando con posibilidades de éxito la acometida depredadora de las multinacionales, con el apoyo de los gobiernos y los políticos neoliberales.

Dos años y medio después del polémico llenado del embalse El Quimbo, se siguen debatiendo y exponiendo todos los impactos sociales y ambientales  que le dejó al departamento del Huila y  a los seis municipios que hacen parte de su área de influencia, la construcción de este proyecto hidroeléctrico.

No se resguardaron  musgos, orquídeas y líquenes

Según Leyla Rincón, concejal de la ciudad de Neiva y reconocida líder ambiental, la trasnacional Emgesa no cumplió la Resolución No. 213 de 1977,  a la hora de la construcción del proyecto, que establece la veda para algunas especies y productos de la flora silvestre, y en caso de proyectos de  intervención en zonas de presencia de estas especies, la obligación explícita para sus promotores de realizar  un estudio que indique cuántas especies hay, qué tipo de especies son y cuál es su importancia ambiental, para finalmente realizar la recolección de muestras destinadas a hacer siembras posteriores que aseguren su preservación. En  el caso de El Quimbo, la profesora Rincón se refiere específicamente los musgos (Bryophyta), orquídeas (Orchidaceae) y a los líquenes, pues el Plan de Manejo Ambiental del proyecto no contempló este mandato y en su contenido no aparece ninguna mención sobre las especies florales que se encontraban antes del inicio del proyecto. También se puede evidenciar que sólo hasta el 2015, un año después del llenado la autoridad ambiental nacional (ANLA) exigió el cumplimiento de la resolución, cuando ya nada o muy poco podía hacerse.

Según pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, asegura la Concejal de Neiva, “en la mayoría de los proyectos hidroeléctricos se ha encontrado que lo ejecutado es distinto a lo concertado. Además del evidente incumplimiento frente a las obligaciones ambientales consagradas en la Constitución y la Ley”.

La resistencia social es un mandato impostergable

“El gobierno nacional demostró que no tiene ni la voluntad política- por los intereses en juego- ni la capacidad institucional para hacer cumplir las licencias ambientales de los proyectos de represas”, señaló Jennifer Chávarro, representante de Asoquimbo.

La construcción de la hidroeléctrica El Quimbo es una expresión del tipo de modelo de desarrollo que promueve el Estado colombiano desde hace más de 15 años, del cual resultan panoramas preocupantes, como el estado de riesgo en el que se encuentran los ecosistemas ambientales nacionales: de los 85 grandes tipos de ecosistemas del país,  20 se encuentran en estado crítico (25% del total) y 17, en peligro (21%).

El contexto actual de las políticas de gobierno indica que una versión cortoplacista y unilateral del llamado “desarrollo económico” se impone sobre la urgencia de la conservación ambiental,  sin que haya el contrapeso de una eficaz supervisión institucional ni suficiente control e iniciativa ciudadanas. Además, otro indicador grave de la situación es el desinterés por parte del gobierno nacional actual y de la mayor parte de los aspirantes presidenciales  por debatir y cuestionar el modelo de desarrollo adoptado como política de estado por los gobiernos de Uribe y de Santos.  Varios de los candidatos (Duque, Vargas Lleras) se han pronunciado a favor de profundizar la política extractivista y los proyectos minero-energéticos a gran escala. Y después de las elecciones del 11 de Marzo, el jefe del Centro Democrático trinó para regañar a los huilenses por la actitud de rechazo que han manifestado en diversas ocasiones al proyecto de construcción de una larga cadena de represas sobre el Río Magdalena.

Por eso, señaló Chávarro, en este momento histórico del país y la región, son impostergables varias acciones sociales y ciudadanas que estuvieron ausentes durante la construcción del Quimbo: el planteamiento del debate sobre cuál es el desarrollo deseado comúnmente y el que más favorece en función de la conservación ambiental, el pronunciamiento generalizado de rechazo hacia las acciones que degradan el  medio ambiente, la resistencia social hacia los proyectos minero-energéticos regionales, en la que participen todos los sectores de la sociedad, para ejercer una presión que obligue definitivamente a los gobiernos a replantar sus políticas públicas  en función de un enfoque ambientalista.

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